Knowcell Research Labs
Análisis con fuente citada sobre gobierno del dato y gobierno de la inteligencia artificial en América Latina. Escrito para tomar decisiones, con la evidencia sobre la mesa.
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Un estudio de 23.462 personas con campo en junio y julio de este año encontró algo que contradice lo que casi todo directorio está decidiendo: donde la IA está prohibida del todo, el 83% de los empleados metió igual datos sensibles en ella. Donde no hay ninguna política, el 48,8%. Y este año se presentó ante el regulador de valores estadounidense el primer reporte de una empresa que tuvo que declarar un incidente material porque alguien usó una IA que nadie había autorizado.
Leer el análisis →Casi cuatro de cada diez personas en el mundo están más preocupadas que entusiasmadas con la inteligencia artificial. El miedo existe y está medido. Pero cuando uno mira qué ha salido mal de verdad dentro de las empresas, no encuentra máquinas que se rebelaron: encuentra datos que nadie revisó antes de dejarlos entrar. Y encuentra algo más incómodo para quien dirige desde América Latina: aquí se usa más la IA que en los países ricos, se le teme menos, y no existe un solo caso local con cifra pública del que se pueda aprender.
El 9 de septiembre, en Quito, se firmó una reforma a las reglas de inteligencia artificial del país. Cuando se publique, todo el mundo va a contar la misma parte: que ahora el proveedor también responde. Y es verdad. Pero hay un párrafo nuevo, en el artículo 5, que casi no se está comentando y que trabaja para usted: su proveedor queda obligado a explicarle cómo funciona el sistema que le vendió, qué limitaciones tiene y qué puede salir mal. Ese párrafo, y las tres palabras que deciden a quién alcanza, son lo que conviene leer antes de su próxima firma.
Su abogado ya le dijo si está en regla. Nadie le ha dicho cuánto vale. El 1 de diciembre pasado, la Superintendencia de Protección de Datos puso sus dos primeras multas: USD 259.644 a LigaPro y USD 194.856 a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. USD 454.500 entre las dos. Son, hasta hoy, los dos únicos números públicos que Ecuador tiene sobre el valor de sus datos. Los dos son pérdidas. Ninguna empresa se hizo más valiosa por evitarlas.
En mayo de 2025, el catálogo público de vulnerabilidades de Estados Unidos registró una falla en Lovable, una de las plataformas que escriben software a partir de una descripción en lenguaje corriente: la práctica que en inglés llaman vibe coding. En las versiones afectadas, hasta el 15 de abril de 2025, cualquiera podía leer y escribir en la base de datos de los sitios generados, sin usuario y sin contraseña. El proveedor disputó el registro con un argumento incómodo: cada cliente responde por proteger los datos de su aplicación. En Ecuador esa frase tiene nombre, artículo y plazo.
En mayo de 2026 la Unión Europea acordó —y ya adoptó formalmente— correr las fechas de su ley de inteligencia artificial. Buena parte del mercado sigue vendiendo la urgencia vieja. Esto es lo que cambió — y por qué el reloj que sí corre para una empresa ecuatoriana es otro.
Una de cada cinco brechas de datos ya involucra inteligencia artificial que la organización nunca autorizó, y cuesta 670 mil dólares más que las demás. El problema no es la tecnología. Es que nadie es dueño del dato que esa tecnología está usando.
Dirige Knowcell Research Labs. Dieciséis años trabajando el dato dentro de organizaciones de América Latina — banca, retail, agroindustria y sector público — y más de treinta mandatos con comités ejecutivos.
Sin reenvíos, sin promociones. Una pieza cada quince días, con sus fuentes.
