Dirige Knowcell Research Labs. Dieciséis años trabajando el dato dentro de organizaciones de América Latina — banca, retail, agroindustria y sector público — y más de treinta mandatos con comités ejecutivos.
En mayo de 2025, el catálogo público de vulnerabilidades de Estados Unidos registró una falla en Lovable, una de las plataformas que escriben software a partir de una descripción en lenguaje corriente: la práctica que en inglés llaman vibe coding. En las versiones afectadas, hasta el 15 de abril de 2025, cualquiera podía leer y escribir en la base de datos de los sitios generados, sin usuario y sin contraseña. El proveedor disputó el registro con un argumento incómodo: cada cliente responde por proteger los datos de su aplicación. En Ecuador esa frase tiene nombre, artículo y plazo.
En mayo de 2026 la Unión Europea acordó —y ya adoptó formalmente— correr las fechas de su ley de inteligencia artificial. Buena parte del mercado sigue vendiendo la urgencia vieja. Esto es lo que cambió — y por qué el reloj que sí corre para una empresa ecuatoriana es otro.
Una de cada cinco brechas de datos ya involucra inteligencia artificial que la organización nunca autorizó, y cuesta 670 mil dólares más que las demás. El problema no es la tecnología. Es que nadie es dueño del dato que esa tecnología está usando.
