Hay un momento, en casi toda organización que adoptó verificación biométrica, en que alguien propuso apagar el camino viejo. La clave, la pregunta de seguridad, la verificación por un segundo canal, la visita a la oficina: todo eso seguía costando dinero y ya no parecía necesario, porque el reconocimiento facial funcionaba y funcionaba mejor. Se apagó. Y ahí, sin que nadie lo anotara en el acta como una decisión de riesgo, el dato biométrico quedó siendo la única manera de entrar.
Esa es la decisión que dos autoridades de la región acaban de revisar. Y lo que miraron no fue cómo se protege ese dato. Fue si existe otra puerta.
Lo que un regulador ya ordenó, textual
El 31 de marzo de 2025 la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia firmó la Resolución 16582 y sancionó a MercadoLibre Colombia Ltda. con 160 salarios mínimos legales mensuales —214.405.120 pesos colombianos, unos 55.000 dólares al cambio de entonces— por exigir reconocimiento facial para acceder a una cuenta de usuario.
La multa no es la parte interesante, y el nombre de la compañía tampoco. Lo interesante es la orden que viene después, porque describe una obligación de producto que aplica a cualquiera que tenga un registro con verificación facial o de huella. El artículo 2 le ordena
«suprimir cualquier procedimiento en su aplicación móvil o sitio web que condicione el acceso o creación de cuentas de usuario al suministro de datos biométricos. Para ello deberá ofrecer varias opciones que permitan a los titulares decidir el mecanismo de autenticación».
Treinta días desde la ejecutoria para acreditar el cumplimiento, y con prueba técnica del procedimiento ajustado. No una carta. No una política actualizada. Prueba técnica.
No le ordenaron cifrar mejor. No le ordenaron auditar al proveedor del algoritmo, ni almacenar la plantilla en lugar de la imagen, ni contratar una certificación. Nada de lo que la industria vende como «seguridad biométrica» aparece en la parte resolutiva. Le ordenaron dejar de exigir el dato y dejar que el usuario elija por dónde entra.
Y conviene saberlo porque buena parte de la cobertura del caso afirma que la autoridad también ordenó eliminar los datos faciales ya recolectados. La parte resolutiva no lo dice: sus cinco artículos son la multa, la orden de suprimir el condicionamiento y ofrecer opciones, la notificación, la comunicación a los denunciantes y los canales de la entidad. El deber que impuso la resolución no es de borrado. Es de diseño.
La seguridad estaba corregida y la sanción llegó igual
Este es el detalle del expediente que cambia el cálculo de cualquier comité.
El tercer cargo de la investigación era el del deber de seguridad, y fue archivado por insuficiencia de elementos de juicio después de que la compañía remediara las vulnerabilidades halladas, entre ellas un grupo de acceso público que permitía extraer imágenes faciales sin autorización. Es decir: la organización arregló la seguridad, el regulador se lo reconoció, y la sancionó de todas formas.
Lo que no corrigió a tiempo fue haber hecho del dato biométrico la única puerta.
Por qué el consentimiento se cae cuando no hay opción
El mecanismo es corto y conviene tenerlo claro, porque es el que vuelve exigible todo lo demás.
Un dato biométrico es un dato sensible. El consentimiento para tratarlo tiene que ser libre, y deja de ser libre cuando entregarlo es la única manera de acceder al servicio. Si no hay opción, no hay consentimiento. Y si no hay consentimiento, el tratamiento es ilícito aunque esté perfectamente protegido.
De ahí la consecuencia que casi nadie tiene presupuestada: el requisito regulatorio no es proteger mejor el dato biométrico. Es tener una alternativa equivalente que funcione, construida, probada y disponible. Un plan B de producto, no de infraestructura.
Ecuador escribió la misma regla, y le puso fecha
El 9 de septiembre de 2026 la Superintendencia de Protección de Datos Personales del Ecuador expidió la Norma General para el Tratamiento de Datos Biométricos. Se publicó en el Registro Oficial del 24 de septiembre de 2026 y el plazo de adecuación vence el 24 de septiembre de 2027.
Donde Colombia llegó sancionando un caso, Ecuador llegó escribiendo la regla, y la escribió con más alcance. Tres puntos deciden el trabajo:
La alternativa no biométrica es obligatoria. Cuando el tratamiento se apoya en el consentimiento, el responsable «deberá ofrecerle al titular al menos un mecanismo alternativo equivalente» que no requiera biometría.
La carga de probar que no se puede es suya. Si alega imposibilidad técnica, tiene que documentarla en la evaluación de impacto y demostrar que ningún mecanismo alternativo alcanza la finalidad con niveles de seguridad equivalentes. No basta afirmarlo.
Y la obligación se endurece donde el usuario no puede negarse de verdad: subordinación laboral, dependencia económica directa, condicionamiento de un servicio esencial, ausencia de alternativas reales. Ahí la alternativa razonable debe ofrecerse igual. La norma excluye un solo terreno, y es comercialmente relevante: la autenticación en operaciones sujetas a debida diligencia reforzada en prevención de fraude, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La banca tiene ahí una puerta. El resto del comercio, no.
La norma trae además la evaluación de impacto previa, revisada cada doce meses; la preferencia por plantillas sobre el dato crudo; el límite a la identificación masiva en espacios de acceso público; y, como regla general, la prohibición de identificar biométricamente a niñas, niños y adolescentes. Están en las fuentes de esta pieza, con artículo y número.
Si su remedio era «que lo revise una persona»
Hay un párrafo de la norma ecuatoriana que desarma el control favorito de los directorios de la región.
Una decisión que afecte al titular no puede basarse exclusivamente en identificación biométrica automatizada, y tampoco vale si está basada mayoritariamente en biometría con intervención humana formal o testimonial. Esa última parte es la que importa: cubre el caso en que sí hubo una persona revisando, pero la decisión ya la había tomado el sistema y el humano solo quedó como testigo. El titular tiene además derecho a pedir una explicación motivada.
Poner un revisor al final del flujo no sirve si ese revisor no puede cambiar el resultado.
Lo mismo, a los dos lados de la frontera
Hay una creencia cómoda en la región: que Colombia es el mercado laxo porque no ha legislado sobre inteligencia artificial, y que Ecuador es el estricto porque tiene normas nuevas. Los hechos verificables dicen lo contrario, y en el mismo sentido en los dos casos.
Ecuador tiene la norma y todavía no tiene el caso. Ninguna sanción de su autoridad aplica aún la norma de biometría; el plazo corre hasta septiembre de 2027.
Colombia no tiene la norma y ya sancionó. No existe allí un derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, ni ley de inteligencia artificial: lo exigible hoy es la ponderación previa, la gestión de riesgos y la calidad del dato de la Circular Externa 002 de 2024. Y aun así, con el régimen general de protección de datos de 2012, la autoridad sancionó, ordenó rediseñar el acceso y pidió prueba técnica en treinta días.
Quien haya apostado a que sin ley específica no hay riesgo tiene un acto administrativo en contra, firmado, con número y fecha.
Para una organización que opera en los dos países —y eso incluye a buena parte de la banca, el comercio y los operadores móviles— el mismo flujo de registro con verificación biométrica obligatoria enfrenta al norte una sanción ya impuesta con orden de rediseño, y al sur un plazo con fecha. No son dos proyectos de cumplimiento: es uno, y es construir la alternativa y poder probar que funciona.
Conviene dimensionarlo con honestidad, porque no es un ajuste de interfaz. Significa un segundo camino de autenticación con el mismo nivel de seguridad, soportado por la mesa de ayuda, medido y documentado. Para muchas organizaciones ese camino existía y se desmanteló cuando se adoptó la biometría, precisamente porque mantenerlo costaba. Reconstruirlo cuesta otra vez, y ahora con plazo.
Qué preguntar en el próximo comité
Tres preguntas que se responden con evidencia, no con opinión.
Primera: ¿hay alguna puerta de nuestro servicio donde el dato biométrico sea la única manera de entrar? Si la respuesta es sí en cualquier punto del recorrido del cliente o del empleado, ahí está la exposición.
Segunda: si un titular se niega hoy a entregar su dato biométrico, ¿qué le ofrecemos? Si la respuesta es «llamar al call center» o «acercarse a una oficina», conviene medir si eso es un mecanismo alternativo equivalente o un castigo administrativo disfrazado.
Tercera: ¿podríamos aportar prueba técnica del procedimiento ajustado en treinta días? Ese fue el plazo real en Colombia, no un supuesto.
Ninguna de las tres requiere contratar nada para contestarse. Requieren mirar el producto.
Lo que todavía nadie ha definido
No existe todavía ninguna sanción de la autoridad ecuatoriana que aplique la norma de biometría. Nadie ha dicho aún, con un acto en la mano, qué va a considerar esa autoridad un «mecanismo alternativo equivalente». Quien construya su alternativa antes de septiembre de 2027 la construye sin criterio administrativo al que parecerse, y va a tener que poder defender el suyo: por qué ese segundo camino alcanza la misma finalidad con el mismo nivel de seguridad. Esa defensa se escribe en la evaluación de impacto, y conviene escribirla mientras todavía hay tiempo de corregirla.
Y no existe ninguna medición pública de cuántas organizaciones en Colombia o en Ecuador condicionan hoy el acceso a sus servicios a un dato biométrico. El fenómeno se regula en los dos países sin que nadie sepa su tamaño en ninguno. La consecuencia práctica es que ningún consultor puede decirle si su organización es la excepción o la regla. Eso no se responde con un estudio: se responde con el inventario de las puertas de su propio servicio.
Si quiere saber en cuántas puertas de su servicio el dato biométrico es hoy la única llave, le dejo el diagnóstico en knowcell.com/diagnostico.